La inversión de impacto es un concepto utilizado cada vez más en el mundo de las inversiones, la filantropía y la acción social

Cada vez más, oímos que empresas u organizaciones se comprometen con inversiones que además del retorno financiero generan un impacto positivo al ambiente y a las personas. ¿Existe un ambiente legal favorable para este tipo de inversión? Todo indica que hay pasos en la dirección correcta y que todavía hay mucho camino por recorrer desde las políticas públicas y desde la acción de las organizaciones dedicadas al tema.

VIVA Idea considera la inversión de impacto un poco más allá de la definición clásica. Así opina Paola Fonseca, directora de Impacto de VIVA Idea, “es más que rentabilidad financiera con impacto social o ambiental. Es una herramienta para que los beneficiarios desarrollen soluciones propias de inclusión social y sostenibilidad, de acuerdo con sus contextos”.

Es decir, el triple impacto positivo (financiero, social y ambiental) no es suficiente. Para Fonseca la inversión de impacto debe contener un componente de empoderamiento de las comunidades impactadas o beneficiarias y que sea sostenible en el tiempo, de acuerdo a sus propias realidades y contextos.

VIVA Idea, como chair de la Plataforma de Inversión de Impacto en Centroamérica (PiiC) está realizando un mapeo de políticas públicas de la región relacionadas con la inversión de impacto. En Colombia, Perú y Panamá, por ejemplo, existen las sociedades Beneficio e Interés Colectivo (BIC), que son las figuras legales que empresas que tengan como objetivo el impacto, puedan recurrir.

En Perú, la definición de “beneficio e interés colectivo” es “el impacto material positivo o la reducción de un impacto negativo en la sociedad y en el ambiente”.

En Colombia, según la legislación, se debe incluir en su objeto social, además de los actos de comercio que pretendan desarrollar, aquellas actividades de beneficio e interés colectivo que se propongan realizar en cada una de las cinco dimensiones: modelo de negocio, gobierno corporativo, prácticas laborales, prácticas ambientales y prácticas con la comunidad.

Una de las problemáticas que se han notado en la región es el poco interés que existe en los procesos legales. Empresarios o emprendedores no suelen ponerlo en primer lugar en sus prioridades.

Un movimiento de abogados relacionados con la inversión de impacto busca redefinir el marco jurídico y la práctica legal mediante el diseño de nuevas estructuras corporativas y financieras, la redacción de nuevas leyes y la presentación de casos fundamentales. Es la Alianza Global de Abogados de Impacto (GAIL, por sus siglas en inglés), una comunidad de líderes legales que utilizan la práctica del derecho para tener un impacto positivo en las personas y el planeta, y para acelerar la transición justa.

Para GAIL, “los abogados están en una posición única para facilitar el cambio y apoyar el movimiento hacia un sistema más equitativo”.

Paola Fonseca es abogada e integrante de GAIL. “Lo que buscamos es pnsar los desafíos, ver cómo puede funcionar el marco normativo y el trabajo de los abogados en cada país, es uno de los desafíos de la comunidad de abogados en el ecosistema de inversión de impacto”.

Para Fonseca todo está basado en el conocimiento y compartir ese conocimiento, crear el conocimiento desde el contexto de trabajo del ecosistema de la inversión de impacto es parte del valor agregado que los abogados especializados tienen.

GAIL está aprovechando la experiencia de los abogados para “acelerar el cambio de los modelos corporativos y el capital para asegurarnos de que los negocios sean realmente una fuerza sostenible para el bien, mientras aprendemos de todo el espectro de disciplinas de impacto”.

Para Fonseca la palabra clave es el contexto. Considera necesaria la regulación que enmarca el tablero de juego de todos los actores por igual, pero según el contexto en el que se esté trabajando. Así también, ese contexto, mostrará las necesidades que tengan las empresas y organizaciones y que los abogados que trabajan en inversión de impacto podrán ir resolviendo según el conocimiento adquirido y según los avances de las legislaciones e instrumentos.

“¿Cómo hacemos para que el Estado se mueva en la dirección correcta? Dándole el contexto para que cuando se tome las decisiones necesarias sean las mejores que el ecosistema esté necesitando para ser más efectivos y hacer posible la inversión de impacto para mejorar condiciones de poblaciones enteras en cada uno de los países”, indicó Fonseca.

La iniciativa del diagnóstico de políticas regionales que viene realizando la PiiC busca mapear las políticas públicas cuyo fin es fomentar la inversión de impacto en la región Centroamericana (incluyendo a Panamá). Busca identificar el panorama normativo y de política pública en la región y distinguir sus principales fortalezas y desafíos en lo concerniente a la promoción o desincentivación de la inversión de impacto. De esa forma, se busca que los actores del sector público y privado tengan una herramienta que les facilite implementar las medidas pertinentes para robustecer la inversión de impacto en la región.

En Centroamérica, la normativa no ha alcanzado el desarrollo del ecosistema de inversión de impacto ni lo ha incorporado explícitamente a nivel jurídico. Por ello, el informe analiza normativa de inversión y emprendimiento que podría estar promoviendo o desincentivando indirectamente el ecosistema de inversión de impacto.

La información identificada también será analizada por abogados expertos a través de la región han corroborado desde una perspectiva practica el impacto real de estos cuerpos normativos en el contexto local.

La inversión de impacto necesita avanzar en las posibilidades que brinda la normativa de cada país para lograr dar un paso más en el afianzamiento que irá consiguiendo el ecosistema de la inversión de impacto en la región y que ya no tiene vuelta atrás.

Tal como lo dijo Sir Ronald Coen, presidente del Global Steering Group for Impact Investment (GSG), dentro de algunos años “todas las empresas tendrán que incorporar el impacto en su modelo de negocio para garantizar el éxito y la supervivencia. Es lo que exigen los consumidores, los inversores y los empleados. Se repartirán los impactos por todo el mundo”.

Centroamérica debe prepararse para aprovechar los beneficios para el ambiente y las personas de ese proceso.